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Para aquellos deudores cuya capacidad de pago se haya afectado por la emergencia.

El Capitolio

EL CAPITOLIO - El Senado ordenó a todos los acreedores financieros, incluyendo a las instituciones financieras o bancarias autorizadas a hacer negocios en Puerto Rico, a establecer una moratoria voluntaria, a opción del cliente o deudor, sobre los pagos a préstamos personales, de auto, hipotecarios y/o tarjetas de crédito correspondientes a los meses de marzo, abril, mayo y junio del presente año.

De igual forma, les prohibió el imponer cargos, penalidades o aumentar la tasa de interés o intereses adicionales a los clientes o deudores que se acojan a la moratoria al darle paso a la Resolución Conjunta del Senado 489 que fue aprobada en la sesión de ayer.

Esta medida, de la autoría del senador Miguel Romero Lugo y una de las medidas económicas presentada por la Gobernadora, fue aprobada por la Cámara Alta para mitigar el impacto social y económico de la pandemia Coronavirus, mejor conocida como COVID 19.

Esta moratoria aplicará únicamente a aquellos clientes o deudores que notifiquen a su acreedor financiero que su situación financiera ha sido directamente afectada por la emergencia del COVID 19.

“Esta moratoria es para cubrir estos meses que se han visto afectadas estas personas. La moratoria es voluntaria para el cliente o deudor y con eso la institución financiera tiene que actuar; no se le podrá imponer penalidades, recargos o tasas de intereses. Establece, además, que, en adición a estas ventajas, si en la institución financiera, durante este periodo ocurre la venta de préstamos se establece claramente que dicha venta no afectará a los clientes o deudores. La Resolución Conjunta tiene también unas obligaciones adicionales para el sector bancario. Esta medida le aplica a todo el sector financiero en la Isla”, señaló Romero Lugo al defender su medida en el hemiciclo.

Un cliente o deudor que cumpla con los requisitos de elegibilidad de la Resolución Conjunta podrá acogerse a la moratoria en cualquier momento durante el periodo de cuatro meses (marzo, abril, mayo y junio) sin impedimento o consideración ulterior por parte del acreedor financiero. Cualquier cliente o deudor acogido a la moratoria establecida en esta medida podrá voluntariamente decidir reanudar sus pagos como de costumbre sin recargos o penalidades.

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En el caso de los préstamos hipotecarios, los acreedores financieros le ofrecerán la opción al cliente o deudor que se acoja a la moratoria de realizar el pago por concepto de la cuenta de reserva, en los casos en que aplique, y le orientarán de los efectos que podría ocasionar el no cumplir con el mismo. Cualquier modificación hipotecaria concedida por un acreedor financiero, sea o no un ente federal, según definido en esta Resolución Conjunta, o su agente para asistir a un cliente o deudor a atender el impacto de la emergencia declarada, quedará automáticamente formalizada, así como también quedarán automáticamente enmendados el pagaré hipotecario, la escritura de hipoteca y cualquier otra evidencia de la deuda, de modo que refleje la extensión por el término de la moratoria otorgada por el acreedor financiero.

“El proyecto establece una moratoria por cuatro meses; no deja sin efecto el contrato. Sencillamente pone en pausa y establece unos mecanismos para que el préstamo pueda subsistir”, afirmó el presidente senatorial sobre la medida.

De paso, urgió a la Cámara de Representantes a aprobar la medida y que la gobernadora Wanda Vázquez Garced estampe su firma en la misma.