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Según el presidente de la legislatura, el informe pone al descubierto serios hallazgos.

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El presidente de la legislatura municipal, Malavé Irizarry, y el alcalde de Vega Alta, Santiago Martínez

VEGA ALTA, Puerto Rico – El presidente de la legislatura municipal de Vega Alta, Carlos Malavé Irizarry (PNP), calificó como “demoledor” el informe de auditoría de la Contralora de Puerto Rico sobre el municipio, que dirige el alcalde Oscar Santiago Martínez (PPD).

El informe de 48 páginas pone al descubierto, según Malavé Irizarry, ocho hallazgos “muy serios”, entre los que mencionó:

  • deficiencias en la sesión de una propiedad municipal
  • condonación del pago de penalidades y recargos por patentes municipales y arbitrios de construcción sin tener la aprobación de la Legislatura Municipal
  • arrendamiento de propiedad municipal sin solicitar la aprobación de la Legislatura Municipal
  • falta de controles en las operaciones de los almacenes de equipos del municipio
  • vehículos dejados en talleres privados por periodos prolongados
  • reglamento para la administración del personal sin actualizar
  • ausencia de un administrador de documentos públicos

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“Si hay algo que queda demostrado en este Informe de Auditoría (M-21-14) es, precisamente, que el alcalde no actuó de acuerdo con la ley y reglamentación aplicables”, puntualizó Malavé Irizarry, ante la legislatura municipal.

El informe de auditoría también incluye comentarios especiales sobre un proyecto detenido por falta de fondos debido a la situación fiscal del Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico, empleados municipales clasificados como transitorios por periodos que exceden los términos establecido por ley, débitos no autorizados para el pago de compras personales y falta de notificaciones a las entidades correspondientes, ausencia de medidas disciplinarias contra empleados relacionados con el hurto de una propiedad municipal y recomendación de recobros no atendida del informe de auditoria anterior.

“El municipio permitió la operación del negocio en la antigua fábrica, sin que se solicitara y obtuviera un permiso de uso para las instalaciones y sin la formalización de un contrato de arrendamiento. Por ende, el municipio no obtuvo un beneficio público por el uso de las instalaciones municipales indicadas. Esto ocasionó que el comerciante, con buenas intenciones de hacer las cosas bien, lamentablemente se incluyera en el informe”, hizo hincapié el presidente del cuerpo legislativo.

La auditoría al municipio de Vega Alta se extiende del 1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2018.