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Alegan incumplimiento de acuerdos establecidos bajo las leyes 20 y 22 del 2012.

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DORADO, Puerto Rico – The 20/22 Act Society, organización compuesta por inversionistas relocalizados en Puerto Rico acogidos bajo a los decretos de las leyes 20 y 22 del 2012, inició una acción legal por incumplimiento de acuerdos y contratos establecidos al promulgarse las leyes con estos inversionistas.

“Luego de sostener varias conversaciones para tratar de resolver estos asuntos, no nos ha quedado otra salida que proceder con un recurso legal para atender la situación de incumplimiento de los acuerdos contraídos con nosotros cuando firmamos los decretos de las Leyes 22 y 60. Constantemente se han hecho cambios a los mismos, trastocando así las reglas con las que inicialmente los inversionistas decidimos hacer la inversión en Puerto Rico”, señaló Robb Rill, fundador de The 20/22 Act Society y quien también fuera parte del primer grupo de inversionistas en relocalizarse en la isla.

“Dado a las constantes modificaciones a las Leyes 20 y 22, las cuales se cambiaron casi en su totalidad y hoy están recogidas en la nueva Ley 60 del 1 de julio de 2019, los inversionistas se ven obligados a detener la implementacion retroactiva ya que se les está violentando su contrato inicial. Esto puede resultar en un mal precedente para la inversión en la isla”, expresó el licenciado Pedro Ortíz Álvarez, representante legal del Act 20/22 Society.

A su vez, esto podría trastocar el clima de inversión en Puerto Rico, cuando los nuevos empresarios e inversionistas perciban que hacer negocios en Puerto Rico no es seguro. Ello debido a los constantes cambios a las leyes realizadas por el gobierno, y que esto provoque que se retracten de invertir en la isla. Bajo ambas leyes (Ley 22 y Ley 60) se han otorgado hasta el día de hoy aproximadamente 2,600 decretos.

“Varios cambios se hicieron a través de los años a las leyes 20 y 22. Aunque en la ley 60 del 2019 se había señalado que los ya acogidos a las Leyes 20 y 22 podrían gestionar una cláusula de anterioridad (“grandfather clause”) que les excluyera de ciertos efectos o restricciones anteriores a la fecha de la nueva ley. Esta cláusula podía gestionarse hasta el 31 de diciembre del 2019”, acotó el licenciado Ortiz Álvarez. “Así lo hicieron. Sin embargo, hay varios cambios incluidos retroactivamente. El ejemplo más contundente es el de la cuota administrativa, originalmente de $300 y pagadera al momento de someter el informe anual del decreto. Ahora ha cambiado a $5,000. El desglose que se hace es que son $300 como cuota administrativa y $4,700 que se destinan al Fondo General de Puerto Rico. Esto, claramente, es un impuesto no contemplado anteriormente.”

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"Un decreto es un contrato y su menoscabo plantea una seria interrogante constitucional. La Sociedad y sus miembros no tienen ningún problema con los posibles cambios en la ley si estos son aplicados prospectivamente. De esta manera, los nuevos inversionistas sabrán de antemano la cantidad que tendrán que pagar. Si bien un aumento de tal magnitud podría considerarse deficiente en términos de política pública, el tratamiento prospectivo no se está cuestionando en la demanda", continuó Ortiz Álvarez.

De acuerdo con un estudio preparado por la firma Estudios Técnicos y publicado por el DDEC, indica que entre los años 2015 al 2019, los programas de incentivos bajo las leyes 20 y 22 demostraron haber sido de gran beneficio para la economía de Puerto Rico resultando en:

  • Creación de más de 36,200 empleos directos, indirectos e inducidos.
  • $169 millones para el fisco central y los municipios.
  • $141 millones en consumo de bienes y servicios en Puerto Rico.
  • 68% de los participantes del decreto de Ley 22 han comprado una propiedad en Puerto Rico.
  • Se estiman unos $678 millones de inversión de capital.
  • Un 35% de los decretos de Ley 20 fueron firmas locales.
  • El salario básico que pagan las empresas de Ley 20 es de $36,000. anuales. Es importante comparar esta cifra con el ingreso mediano estimado de los residentes de Puerto Rico que ronda en los $19,775 anual.
  • La inversión de los participantes del decreto de Ley 20 ronda en los $1.2 billones.
  • La inversión en bienes raíces que han hecho los participantes de Ley 22 es de $1.3 billones.
  • El ingreso fiscal derivado por la contribución a la propiedad es de $8.8 millones.

El comunicado, sin embargo, no desglosa los beneficios obtenidos por los inversionistas al acogerse a estas leyes. De acuerdo con la firma IRW Concierge Services, que trabaja con los beneficios contributivos de las leyes en Puerto Rico, Puerto Rico está tratando de estimular su desarrollo económico ofreciendo exenciones impositivas del 100% sobre todos los intereses, todos los dividendos y todas las ganancias de capital a largo plazo a los inversores que se conviertan en residentes de buena fe de Puerto Rico. Estos beneficios son posibles porque los ingresos generados dentro de Puerto Rico generalmente no están sujetos a los impuestos federales de los EE. UU.

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Acerca de The 20/22 Act Society
The 20/22 Act Society es una organización privada de individuos que se han relocalizado en Puerto Rico bajo los decretos de las leyes 20 y 22 de 2012. El propósito de la organización es proteger los intereses de sus miembros ante las ramas legislativas, judiciales y ejecutivas del gobierno, servir como foro para asegurar el cumplimiento de las leyes, reunir a aquellos miembros que han hecho de Puerto Rico su hogar y comunicar el impacto positivo que han tenido las leyes 20/22 para Puerto Rico.