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Advierten que se verán obligadas a recortar servicios y a la reducción de nómina de empleados.

Alcaldesas

Foto: De izquierda a derecha, de arriba a abajo. Alcaldesa de Ponce Mayita Meléndez, de San Juan Carmen Yulín Cruz Soto, de Gurabo Rosachely Rivera, de Salinas Karilyn Bonilla, de Loíza Julia Nazario Fuentes, de Canóvanas Lornna Soto Villanueva y de Barceloneta, Wanda Soler Rosario. No aparece la alcaldesa de Morovis Carmen Maldonado González.

SAN JUAN, Puerto Rico – Como consecuencia de la anulación de la Ley 29, siete alcaldesas de Puerto Rico hicieron un reclamo al Gobierno Central y la Junta de Control Fiscal para encontrar una solución a la realidad que enfrentan que, de no recibir las remesas del CRIM, sus municipios quedarían en precario fiscal y hasta insolventes. De acuerdo con las mandatarias, el CRIM no podrá pagar las remesas a los municipios por los meses de mayo y junio.

Ante la situación, los municipios estarían obligados a tener que escoger incluso entre pagar la nómina de los servidores públicos o limitar servicios a la ciudadanía como el recogido de basura, servicios de salud, mantenimientos de áreas recreativas y áreas verdes, limpieza y mantenimiento de carreteras. Aseguran las primeras ejecutivas municipales que la seriedad de la situación es de tal magnitud que municipios pequeños sufrirían un impacto económico que podría llevarlos al cierre.

“En el caso concreto de Barceloneta, tenemos que identificar alrededor de $3 millones que no están contemplados en el presupuesto municipal y que representan el 10% de nuestro presupuesto, esto para ponernos al día con el pago de la Ley 29. El gobierno así como la Junta deben reconocer, de una vez, que somos los municipios esa mano amiga de los ciudadanos y la primera línea de respuesta en cualquier situación", señaló Wanda Soler Rosario, alcaldesa de Barceloneta.

La alcaldesa de Gurabo, Rosachely Rivera, argumentó que “si son justos en el Gobierno Central tiene que admitir que no es responsabilidad nuestra pagar por un retiro que ya se pagó y que el gobierno central no supo manejar. Lo mismo con la obligación de pagar un sistema de salud que es responsabilidad de ellos.”

“La mayoría de los municipios no generan ingresos desde marzo y en el caso de los municipios del Sur hemos sufrido una merma de recaudos desde enero debido a los terremotos, que continúan y el Coronavirus COVID-19", dijo por su parte María 'Mayita' Meléndez Altieri, mandataria de Ponce.

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Otras que dejaron saber su parecer con relación a la anulación de la Ley 29 fueron la alcaldesa de Canóvanas Lornna Soto Villanueva, la alcaldesa de Loíza Julia Nazario Fuentes, la alcaldesa de Morovis Carmen Maldonado González, la alcaldesa de Salinas Karilyn Bonilla Colón, y la alcaldesa de San Juan Carmen Yulín Cruz Soto.

La Ley 29, firmada por el gobernador Ricardo Roselló, eximía a los municipios del pago a Retiro (PayGo) y el Plan de Salud, pero la Junta de Control Fiscal rechazó la ley porque no estaba contemplada en el Plan Fiscal del Gobierno. La jueza federal Taylor Swain le dio la razón a la Junta y anuló el estatuto, por lo que ahora los municipios tendrán que hacer los pagos correspondientes.

De acuerdo con ABRE Puerto Rico, una herramienta creada para evaluar las finanzas de todos los municipios, la situación fiscal de estos municipios al 2018 era la siguiente: Barceloneta (B), Gurabo (D), Ponce (F), Canóvanas (B), Loíza (D), Morovis (B), Salinas (C) y San Juan (F).