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Considera es un despilfarro de $5 millones en fondos públicos.

Consulta Estadidad

BARRANQUITAS, Puerto Rico - La propuesta de celebrar una consulta plebiscitaria sin el aval del Congreso federal, sumado a una consulta simbólica sobre la presidencia de Estados Unidos el mismo día de las elecciones (martes, 3 de noviembre), le costará al pueblo unos $5 millones en fondos públicos. De acuerdo con el aspirante a la Cámara de Representantes, Orlando José Aponte Rosario, es un despilfarro de fondos públicos ya que ambas consultas son meros caprichos políticos sin consecuencia jurídica alguna.

Por esta razón, el candidato por el distrito 26 (Barranquitas, Villalba, Orocovis, Coamo) por el Partido Popular Democrático (PPD) presentó una petición de mandamus contra la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) para que se cancele la consulta ‘Estadidad Sí o No’ por considerarlo una erogación de fondos públicos para adelantar una causa que es exclusiva del Partido Nuevo Progresista (PNP), así como la consulta para votar por el Presidente y Vicepresidente de los Estados Unidos, en vista de que los residentes en Puerto Rico no tienen ese derecho por disposición federal.

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En el recurso radicado hoy viernes, se solicita que se declare inconstitucional la Ley 12-2018 y la Ley 51-2020, de conformidad con el precendente resuelto por el Tribunal Supremo de Puerto Rico en Baez Galib vs. Comisión Estatal de Elecciones. “Entre ambos casos, dichas leyes asignan hasta $5 millones para impresión de papeletas y pagar publicidad, entre otros gastos. Aunque se puede argumentar retóricamente que la democracia es tan valiosa que no tiene precio, en estos dos casos todos sabemos que el resultado final es totalmente inconsecuente”, aseguró Aponte Rosario.

Alega el abogado que la única razón para celebrar la consulta es lograr que los electores estadistas salgan a votar el día de las elecciones y que el Departamento de Justicia Federal tomará una determinación en contra de la consulta. “Tampoco estas consultas están presupuestadas en el plan fiscal aprobado por la Junta de Control Fiscal y no hay alguna autorización por parte de esa entidad para autorizar el desembolso de esos gastos”, finalizó Aponte Rosario.