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El proyecto surgió a raíz de las recientes protestas en el Viejo San Juan.

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EL CAPITOLIO – El Senado de Puerto Rico aprobó ayer enmendar el Código Penal para incluir bajo el delito de daño agravado aquellos realizados a bienes inmuebles o muebles en zonas históricas y turísticas, debidamente así reconocidas por autoridades competentes.

La aprobación del Proyecto del Senado 1479, de la autoría del senador Miguel Romero Lugo, surge luego de que en la protesta de la semana pasada en el Viejo San Juan (patrimonio de la humanidad por la UNESCO) se tornaran violentas y que culminaron con agresiones a personas, así como daño y destrucción de propiedad pública y privada.

Por lo tanto, de convertirse en ley, se sancionará con pena de reclusión por un término fijo de tres años a toda persona que cometa delitos de daños como el antes estipulado, y si resultara convicta en la modalidad de delito grave será sancionada con pena de multa de hasta $10 mil.

También el tribunal podrá imponer la pena de restitución por el doble de los daños ocasionados.

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“No podemos permitir la impunidad en zonas que representan la esencia de Puerto Rico. Esta medida no altera de forma alguna los elementos de delitos de daños. Es sencillamente proteger esas estructuras y propiedades que están en zonas históricas”, dijo Romero Lugo, durante un turno sobre la pieza legislativa.

Por su parte, el portavoz de la Mayoría, Carmelo Ríos Santiago fue más allá y dijo que, aunque no es autor de la Resolución “imputaría que los organizadores de estos eventos también tengan responsabilidad penal porque después se van para su casa ¿y a quien atribuimos la responsabilidad? Son tan responsables como los otros. La manifestación se acaba cuando se va el último manifestante. No puede ser que cualquiera convoque una actividad y no se le pida responsabilidad”.

La medida pasó el cedazo del Senado con el voto de 20 senadores incluyendo el del portavoz de la delegación popular Aníbal José Torres Torres. Le votaron en contra los senadores Juan Dalmau Ramírez, José Vargas Vidot, varios de la delegación popular y el senador Héctor Martínez Maldonado.

La medida pasa a la consideración de la Cámara de Representantes.