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Los portavoces enfatizaron que un aumento a patentes municipales, sin antes auscultar medidas de mayor fiscalización y recaudos de impuestos, resultaría en un grave golpe al sector privado y al bolsillo del consumidor.

reunion empresarios sector privado

CAGUAS, Puerto Rico – Ante el aumento del 70% en la patente municipal de Caguas, representantes de diversas asociaciones del sector privado intentaron, mediante el diálogo y varios esfuerzos mediáticos, que se dejara sin efecto este impuesto excesivo y discriminatorio. Tras no tener respuesta positiva de los responsables, hoy se reunieron más de 70 compañías con presencia en Caguas y el liderato de la Coalición del Sector Privado (CSP) para desarrollar nuevas estrategias para lograr impugnar dicho aumento.

“Como sector privado, estamos unidos y organizados, porque no aguantamos un impuesto más. En los pasados años hemos sido objeto de aumento tras aumento en los impuestos y patentes, lo que ha llevado a la quiebra a cientos de negocios y empobrecido más a los ciudadanos puertorriqueños”, expresó Lymaris Otero, directora ejecutiva de la Asociación de Comercio Al Detal. “No es justo que se transfiera al sector privado el déficit fiscal y la falta de fondos en los municipios por parte del Gobierno Central, y que tengamos que pagar más para sufragar gastos de infraestructura de la ciudad, que son responsabilidad del gobierno y para los cuales ya los ciudadanos y empresas realizamos el pago de impuestos”, comentó Otero.

Y es que los empresarios, además de estar sumamente preocupados por las graves consecuencias que este impuesto conlleva, comunicaron su descontento ya que alegan que no fueron convocados por los administradores del municipio para ser parte de un plan en conjunto que atendiera equitativamente esta situación fiscal. “Somos conscientes de la necesidad del municipio de mejorar sus ingresos para el mantenimiento de su infraestructura, facilidades recreativas y otras, pero este impuesto pesa sobre el ingreso bruto de un grupo de negocios identificados por el municipio. Mejorar los ingresos del municipio no puede ser un acto selectivo que atente contra la estabilidad de un reducido grupo de empresas que tienen el peso de retener los empleos creados, pagarle los beneficios que el Estado les impone, además de cumplir –a tiempo—con el pago de patentes, seguro patronal, FSE, bonos de Navidad y recaudar el IVU que envían electrónicamente al Gobierno, garantizando esta entrada al municipio y al Gobierno, por mencionar algunos. Es necesario considerar medidas que abonen al desarrollo económico de Puerto Rico”, señaló la Lcda. Alicia Lamboy Mombille, presidenta de la CCPR.

En la reunión con las empresas potencialmente afectadas por el alza de la patente municipal de Caguas, expertos en derecho fiscal como el CPA Kenneth Rivera, de FPV Galíndez, y el Lcdo. Carlos E. Serrano, de Reichard & Escalera, orientaron a cabalidad sobre la Ley de Patentes Municipales, el Plan Fiscal y alternativas en ley para impugnar este impuesto selectivo y casi confiscatorio.

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“Nuestra solicitud de diálogo e intervención, a la Junta de Control Fiscal, a los Cuerpos Legislativos y al Ejecutivo, no ha sido atendida con la celeridad e importancia que amerita, con toda probabilidad tendremos que acudir el foro judicial”, señaló el Lcdo. Manuel Reyes, vicepresidente de MIDA.  “Municipios como San Juan, Caguas, San Lorenzo, Arecibo y Ponce han anunciado aumento en impuestos a los comercios, que casi duplican la tasa contributiva de patentes municipales de su máximo actual o al impuesto sobre la propiedad. Permitir que continúe esta ola de aumentos provocará que nuestra crisis económica y fiscal se grave aún más y veamos consecuencias peores que las ocasionadas por la nefasta Patente Nacional implantada por la pasada administración; y que es totalmente opuesto al Plan de Gobierno encaminado para promover el desarrollo económico de Puerto Rico”, añadió Reyes.

En marzo de 2017, el Municipio de San Juan aumentó el tipo contributivo aplicable a las patentes municipales de negocios que generan más de $300 mil, de un .20% a un .50%, un 150% de aumento. En el caso de Caguas, la Asamblea aprobó una imposición llamada “Aportación Empresarial Municipal” a todas las empresas que reporten ingresos brutos de $3 millones o más, se les estará añadiendo un .35% al .50% que ya pagaban, efectivo el 1ro de julio. Mientras que Ponce estableció un aumento de 2.00% en las tasas de propiedad mueble e inmueble de un 8.33% a 10.33% para la planilla de propiedad mueble del 2017, y desde 1 de julio en la propiedad inmueble de 10.33% a 12.33%.

Y es que a raíz de los recortes de $350 millones en fondos a los municipios contemplados en el Plan Fiscal, es de esperarse que otros municipios también busquen individualmente la forma de allegar más fondos a sus arcas, lo cual es un esfuerzo improvisado que terminará por reducir los ingresos proyectados al fondo general, provocará pérdidas en los negocios, aumentos en precios y más desempleo.

Ramón Leal, presidente de Asore, hizo un llamado a los alcaldes a que “no trasladen el efecto neto de sus pérdidas de ingresos a los comercios de forma discriminatoria y selectiva. Como comerciantes, no podemos estar a la expectativa de que en cualquier momento y a cualquier hora se nos anuncie un nuevo impuesto o aumento. Esto es fatal para nuestros negocios, empleos y por ende nuestra recuperación económica. El llamado es a la transparencia y que así como el sector privado ha tenido que implantar medidas de austeridad y eficiencias, los municipios nos presenten las suyas antes de tomar la vía más fácil y a la vez mortal para el país”, enfatizó Leal.

Los portavoces fueron enfáticos al plantear que un aumento a patentes municipales, sin antes auscultar medidas de mayor fiscalización y recaudos de impuestos a propiedades que hoy no están tasadas, recaudos a evasores contributivos, eliminación de impuestos a los inventarios y reducción de gastos discrecionales, entre otras posibles medidas, resultaría en un grave golpe al sector privado y al bolsillo del consumidor, y en su llamado a que la Junta de Control Fiscal, el Ejecutivo y la Legislatura intervengan para poner un freno a esta tendencia devastadora.