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La OIG fue creada mediante la Ley 242-2010, y comenzó auditando a la Rama Ejecutiva, no obstante fue derogada por la Ley 62-2013, durante la administración de Alejandro García Padilla.

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EL CAPITOLIO - El Senado aprobó en la sesión de ayer restituir la Oficina del Inspector General (OIG) que fue establecida en el 2010, pero eliminada en la pasada administración. La reactivación de esta oficina esta plasmada en El Plan para Puerto Rico para que audite debidamente las agencias del Ejecutivo y ataje la corrupción pública y de esta forma lograr una mayor transparencia gubernamental.

Ante las alegaciones de la minoría del Partido Popular Democrático (PPD) de que la medida no fue a vista pública, el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, destacó que “hay un informe que acompaña la medida que detalla las razones por las cuales la figura de la OIG es necesaria. En el 2013 con una vista pública se despachó y se derogó la ley. Quizás cuando se evalúe esta medida alguna gente saca de perspectiva lo que es en esencia de lo que se trata esto. La OIG y la Oficina del Contralor en nada se duplican esfuerzos en lo que establece este proyecto… Escuché el pasado sábado a compañeros del PPD quejarse de que no podían hablar (pero) yo me quejo de que no leen. Nadie les puede prohibir a ustedes leer el proyecto. Además de leerlo espero que lo entiendan…Oponerse a que pueda haber una pre-intervención y una actuación a tiempo para detener una mala actuación a tiempo no hace sentido”, previo a explicar las diferencias de las labores entre la OIG y la Oficina del Contralor.

Según la Exposición de Motivos del Proyecto del Senado 8, el Inspector General desarrollaría un programa abarcador de auditoría operacional en las entidades gubernamentales, incluyendo la utilización de fondos federales y estatales asignados, intervendría con las entidades gubernamentales de forma preventiva, llevaría a cabo estudios y asesoría las agencias para promover la eficiencia en la administración.

Asimismo, se transferiría el personal y equipo de las oficinas de auditoría interna de agencias gubernamentales y 40 auditores del Área de Auditoría Operacional de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP). Sin embargo, se excluirían a las corporaciones públicas, los municipios y la Universidad de Puerto Rico (UPR).

BA Laboratorio Sagrada FamiliaEsta medida recibió el voto a favor de 24 senadores. Uno de esos votos fue el del senador del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Juan Dalmau Ramírez, quien adelantó en el debate de la medida que votaría a favor del proyecto senatorial. También, anunció lo propio el senador José Vargas Vidot. Por su parte, el senador Miguel Pereira anunció que emitirá un voto explicativo a favor de la medida.

En la presentación del informe positivo de la medida, el presidente de la Comisión de Gobierno, Miguel Romero Lugo, expuso la importancia de comenzar a auditar a las agencias desde el comienzo del cuatrienio. Opinó que “esta mayoría parlamentaria representa un partido que ganó el favor electoral las pasadas elecciones. Desde inicio de nuestro cuatrienio (con) estos elementos de propiciar transparencia, de evitar la corrupccion, de propiciar la independencia de criterio cuando se examina el desembolso de fondos públicos y la rigurosidad de los procesos que se llevan a cabo dentro de las agencias”.

“Así nosotros aseguramos nuestro gobierno, si evitamos que ocurra lo que ocurrió en el pasado, que los procesos de compras en las agencias fueren dirigidos por criterios politicos partidistas, donde hubo gente que fue sentenciada la semana pasada, si podemos evitar por ejemplo lo que ocurrió en el pasado reciente donde la oficina de Administración de Desarrollo Laboral (ADL) que se diseñaban contratos para favorecer a donantes de un partido político donde los procesos se flexibilizaban dependiendo quien era o cuál era la motivación o la integridad política de la persona que quería hacer negocios con el gobierno nos estamos moviendo en la dirección correcta y empieza con nosotros mismos, empieza de inmediato con este gobierno”, añadió Romero Lugo.

La Ley estipula que le serán asignados $600 mil para cubrir los gastos iniciales de su organización. En años fiscales siguientes, los recursos serían consignados en el presupuesto general pero igualmente las economías o fondos recuperados mediante la oficina se revertirían al propio fondo.

La OIG fue creada mediante la Ley 242-2010, y comenzó auditando a la Rama Ejecutiva, no obstante fue derogada por la Ley 62-2013, durante la administración de Alejandro García Padilla.

Luego de esto, la función recayó en las oficinas de auditoría interna existentes en los organismos gubernamentales y la Oficina del Contralor. La situación tiende a complicarse en aquellos casos donde existen hallazgos y señalamientos que pueden afectar el desempeño del titular del organismo concernido.

Sin embargo, la facultad del Contralor para fiscalizar e intervenir cuentas, fondos, ingresos, desembolsos y propiedades del Estado y de los municipios de ninguna manera están en conflicto con la figura del Inspector General.

Esta figura fue creada en los Estados Unidos, mediante ley federal, con el propósito de consolidar recursos de los distintos componentes de auditoría existentes en las entidades gubernamentales, a fin de combatir el fraude, desperdicio e ineficiencia en la administración de los programas y operaciones de dichas entidades gubernamentales.

Como parte del debate de la medida no hubo límite de tiempo para las delegaciones. Esta pieza legislativa fue favorecida por la Oficina del Contralor, el Departamento de Justicia, OGP y la Oficina de Ética Gubernamental,

Entre las medidas aprobadas están las resoluciones de investigación 44, 58 y 61. La sesión concluyó a las 4:59 p.m. El Senado reanudará los trabajos el jueves 16 de febrero a las 11:00 a.m.