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El Departamento del Trabajo y OCALARH presentaron una ponencia conjunta en la que expresaron su respaldo a la medida.

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EL CAPITOLIO - La Comisión de Gobierno atendió ayer en vista pública el Proyecto del Senado 213, que creará la Ley para la Administración y Transformación de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico e instituirá al Gobierno como Empleador Único, al mismo tiempo que establece el concepto de Movilidad.

"Este concepto de movilidad, permite que el recurso humano del gobierno dé servicios donde el gobierno lo necesita y permite generar unos ahorros significativos porque promueve el reclutamiento interno, no se abre a reclutamiento externo que se ha señalado como uno de los problemas por lo que ahora mismo tenemos una crisis económica”, sostuvo el senador Miguel Romero, quien preside la comisión.

Durante la vista se atendieron las impresiones del secretario del Trabajo, Carlos Saavedra; de la directora de la Oficina de Capacitación y Asesoramiento en Asuntos Laborales y de Administración de Recursos Humanos (OCALARH), Nydza Irizarry; la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), José Marrero y de un amplio grupo de organizaciones sindicales.

"Hay una serie de inquietudes que han traído los dirigentes sindicales que me parece a mí, que del diálogo que hemos tenido tanto con el secretario del Departamento del Trabajo y con la directora de OCALARH, se están atendiendo para garantizar el debido proceso de ley, que esto no tenga un impacto oneroso en el empleado público y que también se prohiba que se haga de forma discriminatoria o como una medida disciplinaria. En ese sentido que esas garantías se establezcan me parece a mí que es un paso para garantizar que cuando vayamos a aprobar este proyecto, el mismo cumpla con los propósitos fiscales de generar ahorro, pero que garantice los derechos de los servidores públicos y que evite que haya que incurrir en despido porque no tengamos recursos para pagar la nómina”, apuntó Romero.

El Departamento del Trabajo y OCALARH presentaron una ponencia conjunta en la que expresaron su respaldo a la medida.

“Estamos convencidos que la mejor manera de poder enfrentar la crisis fiscal que nos afecta es convirtiendo al Gobierno en el Empleador Único. A través de la presente medida se garantiza el desarrollo pleno del recurso humano, velando por su crecimiento personal y profesional dentro de los servicios que rinde el Gobierno mediante el concepto de la movilidad, a la vez que garantiza el empleo del servidor público”, destaca la ponencia presentada por ambas agencias.

El citado documento resalta que otro elemento por el cual entienden que el Proyecto del Senado 213 debe ser aprobado es porque se incluyó un lenguaje que entre otras cosas contempla que la movilidad será voluntaria y la misma se ejecutará tomando en consideración la necesidad de servicio, la preparación y experiencia del empleado, los años de servicio y domicilio del empleado, así como la localización física del centro en el que se prestará el servicio.

BA Villa-CoopDe igual forma, hicieron énfasis en que están de acuerdo con las enmiendas propuestas por los distintos líderes sindicales en la versión de esta legislación que trabajó la Cámara de Representantes, en torno a que se respetará el derecho a la sindicación de los empleados públicos y el derecho a la negociación colectiva, contemplada en la Ley 45-1998. Sobre este asunto, el presidente de la Comisión, adelantó que se examinarán las enmiendas aludidas.

Por su parte, el titular de OGP indicó que la aplicación del concepto de Empleador Único no tendrá impacto presupuestario que afecte el funcionamiento del Gobierno, ni alterará la naturaleza gerencial de las distintas dependencias que lo componen y podría generar economías por el orden de $400 millones una vez entre en vigor la planteada alianza con la Universidad de Puerto Rico para adiestrar y readiestrar a los funcionarios públicos.

Portavoces de diferentes organizaciones sindicales también tuvieron espacio en la vista pública para expresar su opinión y sugerencias con relación al P del S 213.

Annette González Pérez, presidenta de Servidores Públicos Unidos de Puerto Rico (SPUPR), dejó claro su rechazo a la pieza legislativa. No obstante, destacó que si efectivamente se le va a dar paso, solicitó que se atendieran varias sugerencias que, a su juicio, salvaguardarían los derechos de los trabajadores.

En primer término SPUPR recomienda que cuando la movilidad sea de un ente público a una Alianza Público Privada o a una organización sin fines de lucro, esta sea de carácter voluntario y que de concretarse el proceso de movilidad, la persona no pierda su estatus de empleado público.

Asimismo, se sugiere incluir una salvaguarda que disponga que ninguna disposición de la nueva ley pueda ser utilizada para forzar un despido constructivo y que antes de que se decreten cesantías debido a la eliminación de puestos por falta de trabajo o fondos, se le notifique al representante exclusivo y prive sobre la esa decisión lo establecido en los convenios colectivos.

La Central Unitaria de Trabajadores del Estado (CUTE), coincidió con las posturas de SPUPR e hizo una serie de planteamientos para modificar el proyecto, entre ellos que se revise la necesidad de crear la figura de la movilidad, cuando hoy en día dicho concepto está incluido en los convenios colectivos bajo el concepto del traslado.

La Central Puertorriquena de Trabajadores (CPT) cuestionó que el proyecto impone una reducción en las licencias por vacaciones y enfermedad para los empleados de nuevo ingreso, además de levantar bandera por la eliminación de la Comisión Apelativa del Servicio Público.

Por último, la Coordinadora Sindical, por intermedio de su portavoz, Luis Pedraza Leduc, respaldó las observaciones realizadas por parte de las organizaciones sindicales que comparecieron a la audiencia pública. Sin embargo, Pedraza Leduc indicó que no presentarían enmiendas al P del S 213 porque lo rechazan de plano.

“Nosotros reiteramos la necesidad de analizar este y todos los proyectos que afectan a la clase trabajadora, sin prisa y de manera integral. En lugar de aprobar esta legislación, proponemos crear un espacio para dialogar y negociar entre todos los actores del sector público, las alternativas inteligentes para enfrentar la Ley Promesa y la realidad fiscal del país”, apuntó Pedraza Leduc.