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Aseguran que aprobación de P. de la C. 2871 es ponerle un candado a PR.

El Capitolio

SAN JUAN, Puerto Rico - Un grupo de asociaciones que representan la industria de construcción y comercio advirtió hoy que, con la aprobación del P. de la C. 2871 en la sesión extraordinaria mañana, se eliminaría la apertura de nuevos establecimientos detallistas en la Isla, incluidas tiendas por departamento independientes o de cadenas, lo cual perjudicaría seriamente la industria de la construcción y la actividad comercial tan esencial para el desarrollo económico de la Isla.

"No es momento para que la legislatura apruebe medidas que son de impacto significativo y negativo a la economía del país. No es responsable que a menos de 45 días para terminar el año 2016 contemplen aprobar medidas tan nefastas como esta, sin el debido análisis, sin un proceso público participativo, y que lejos de propiciar el desarrollo económico su efecto será detener nuevas inversiones en la Isla, incluso de comercios locales en expansion”, manifesto Lymaris Otero, directora ejecutvia de la Asociación de Comercio al Detal. “Lo más conveniente para todos es permitir que el año concluya sin improvisaciones y darle paso a la administración entrante. Nuevamente pedimos a la legislatura, que no agrave más nuestra situación actual y no aprueben esta medida."

Por su parte, el economista Antonio Rosado alertó a la ciudadanía sobre las graves consecuencias de este proyecto, ante la posible aprobación de la Cámara de Representantes, cuyo objetivo es enmendar el Artículo 9.3 de la Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico, para “establecer, como norma general, la Junta de Planificación no podrá aprobar consultas de ubicación para ninguna solicitud de proyecto que proponga un establecimiento de ventas al detal y/o al por mayor, a gran escala, con un tamaño mayor a cien mil (100,000) pies cuadrados de área bruta de construcción para la venta y almacén, a menos que cumpla con unas condiciones estipuladas en la legislación”.

“El sector de comercio al detal en la Isla es actualmente uno de los que más contribuye a la economía del país por la cantidad de empleos directos e indirectos que genera, el pago de contribuciones y patentes, recaudos del IVU y compras a suplidores locales, entre otros factores y la industria de construcción, la cual era uno de nuestros principales motores y ha caído a niveles de los años 60 y 70”, segú Rosado.

JY Jumping “Con la aprobación del proyecto 2871 en la se Cámara de Representantes, se le pone un candado a Puerto Rico porque se le da una estocada fatal a la ya maltrecha industria de la construcción, se prohíbe el establecimiento de nuevas entidades comerciales de gran tamaño ― que podrían servir de anclas a futuros centros comerciales, distribuidores locales al por mayor, plazas del mercado, mueblerías, ferreterías y “dealers” de autos, entre otros― sino que también se desincentiva que empresas locales continúen creciendo para evitar la penalidad legislada para los que alcancen el éxito”, añadió Rosado.

“Este proyecto de ley plantea restricciones que van contra la libre empresa y el desarrollo empresarial, y pareciera que persigue un objetivo de incrementar los costos de operación de las empresas al detal en Puerto Rico y drenar sus ganancias, contrario a lo que debe ser la política pública del país para recuperar nuestra economía”, manifestó Rosado.

De acuerdo con lo expresado en el P. de la C. 2871, la Junta de Planificación podrá considerar de forma discrecional la otorgación de permisos a estas empresas solo si: pagan el doble del salario mínimo federal a sus empleados; ofrecen a sus empleados (regulares o a tiempo parcial) beneficios marginales mandatorios de planes de retiro, planes médicos y planes dentales; y por lo menos la mitad de los empleados trabajan jornadas de 40 horas o más.

Como resultado de estas enmiendas, el salario mínimo para los empleados de los establecimientos cubiertos por este proyecto sería, no solo superior al promedio del resto de los comercios al detal en la Isla (un 161%), sino que además sería mayor que el de industrias como servicios educativos (un 105%), servicios de salud (un 115%) y bienes raíces (un 123%), todos los cuales requieren estudios postsecundarios.

“A ningún otro sector de la economía en Puerto Rico se le requiere que sus empleados tengan planes de retiro y planes de salud como beneficios mandatorios, o se le requiere una cuota de empleados a tiempo completo, por lo que es discriminatorio. La categoría creada por este proyecto es evidentemente caprichosa”, comentó Rosado. “Este proyecto cierra las puertas a futuras inversiones y a la creación de nuevos empleos en Puerto Rico, en un momento en que la inversión pública se ha reducido de forma dramática y la inversión privada se ha convertido en la única forma de estimular el crecimiento económico, a pesar de las trabas que el Gobierno crea constantemente. La entrada en vigor de esta ley significa que, además de lidiar con los altos costos de energía eléctrica y acueductos y alcantarillados, los problemas de los permisos y de toda la burocracia gubernamental, las empresas ahora enfrentan una limitación en su crecimiento.”

“Creemos que el gobierno tiene que reinventarse y crear una estructura que sirva bien al país y que estimule la inversión y la formación de capital, sin discriminación ni persecución de sectores, como es el objetivo del P de la C 2871, por lo que exhortamos al Senado a votar en contra de este proyecto”, concluyó.

Entre las asociaciones que se oponen a este proyecto figuran la Asociación de Comerciantes en Materiales de Construcción, Asociación de Constructores de Puerto Rico, la Asociación de Comercio al Detal, Asociación de Contratistas Generales, Asociación de Restaurantes, Asociación de Productos de Puerto Rico y la Cámara de Comercio de Puerto Rico.