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El 3 de abril de 2018 cuando un jurado federal en Florida lo encontró responsable por las muertes ocasionadas por las fuerzas militares de Bolivia durante su mandato en 2003 y le ordenó pagar la suma de $10 millones.

Sanchez Lozada expresidente Bolivia

WASHINGTON, DC – Ante la determinación de un juez federal de revocar la decisión de un jurado que ordenaba al expresidente de Bolivia pagar una indemnización de $10 millones por daños, Gonzalo Sánchez de Lozada expresó que su gobierno actuó de acuerdo con la ley y sin la intención de causar daños durante las demostraciones de pueblo en su país, conocidas como la Guerra del Gas de Bolivia, en las que murieron decenas de personas en encuentros con la policía en el 2003.

“Con la decisión del juez concluye el juicio sobre los difíciles y lamentables eventos de septiembre y octubre de 2003 que interrumpieron la democracia en Bolivia”, señala el exmandatario en un comunicado. “El dictamen final del juez comprobó que mi gobierno, incluyendo al ministro Carlos Sánchez Berzain, actuó de acuerdo con la ley y que nunca tuvo intención de causar daño a nadie. Estoy seguro de que para todos quienes me acompañaron desde el gabinete y el Alto Mando Militar, este veredicto confirma lo que siempre estuvo en nuestra conciencia.”

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De acuerdo con Trial International, el caso se remonta a febrero de 2003 cuando el entonces presidente Gonzalo Sánchez anunció un impuesto directo que generó protestas que culminaron en choques con la policía y más de 30 personas muertas. Luego, en septiembre y octubre del mismo año, ante un acuerdo entre el gobierno de Bolivia y compañías de gas norteamericanas para la venta y exportación de gas natural a través de Chile, nuevas demostraciones culminaron con la muerte de 80 personas y cientos de heridos. El 13 de octubre de 2003, Sánchez de Lozada renunció a la presidencia y voló a los Estados Unidos, donde ciudadanos y residentes de Bolivia llevaron un caso contra el expresidente y su Ministro de Defensa que culminó el 3 de abril de 2018 cuando un jurado federal en Florida los encontró responsables por las muertes ocasionadas por las fuerzas militares de Bolivia durante su mandato en 2003 y les ordenó pagar la suma de $10 millones. Los acusados apelaron la decisión del jurado y un juez federal revocó la decisión en su contra.

“El juez llegó a su decisión después del estricto análisis técnico y jurídico de la ley y de los hechos revisando toda la evidencia presentada y se convenció de que mi gobierno defendió la ley y la vida de ciudadanos inocentes”, alega el expresidente de Bolivia. “La decisión del juez demuestra que no hubo absolutamente ninguna evidencia que indique la existencia de un plan u orden de utilizar la fuerza letal contra civiles. La evidencia demostró que mi gobierno enfrentó la conmoción social en medio de una grave crisis económica, siempre buscando el diálogo y la resolución pacífica de los conflictos, mientras que muchos buscaban destruir la democracia.”

“Esperamos que los resultados de este juicio no solamente recuerden a todos la importancia de la justicia para la democracia, sino que nos permitan recuperar la confianza en las instituciones democráticas”, terminó diciendo Gonzalo Sánchez de Lozada desde Washington, DC.