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Rodríguez Mateo dijo que tiene dudas sobre los servicios que recibe la población correccional, y si la inversión que hace el gobierno es eficiente y efectiva.

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EL CAPITOLIO - Cansado de escuchar las mismas quejas de los confinados cada vez que visita un complejo correccional y de las constantes excusas que da el secretario del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), Erik Rolón, el senador del Distrito de Guayama, Carlos Rodríguez Mateo, radicó la R. del S. 344 “para ordenar a la Comisión de Seguridad Pública realizar una investigación exhaustiva sobre la administración y el funcionamiento del Programa de Salud Correccional, adscrito al Departamento de Corrección y Rehabilitación y su cumplimiento con las disposiciones en el caso Morales Feliciano vs Romero Barceló”.

La medida, que también fue firmada por los legisladores Zoé Laboy y José Vargas Vidot, ya comenzó a tomar vida en vistas públicas.

“Honestamente, me llama mucho la atención la enorme cantidad de dinero que, supuestamente, se invierte en la salud de nuestros confinados. Los servicios de salud no sólo deben ser accesibles a éstos, sino que también tienen que ser de calidad, efectivos y, sobre todas las cosas, eficientes”, hizo hincapié el también presidente de la Comisión de Salud Ambiental y Recursos Naturales.

Rodríguez Mateo dijo que tiene dudas sobre los servicios que recibe la población correccional, y si la inversión que hace el gobierno es eficiente y efectiva.

Para el mes de mayo de 2017, el Centro de Ingreso, Clasificación y Diagnóstico de Ponce seleccionó a Rodríguez Mateo como portavoz para informarle al gobierno las problemáticas existentes en el lugar y para buscarle, de alguna manera, las posibles soluciones.

Parrocoop

En ese momento, el legislador del Partido Nuevo Progresista (PNP) se reunió allí con Irving Torres Meléndez, portavoz del grupo ‘Los 27’ a nivel de toda la Isla, con Chester Edwin Bernard, líder del grupo ‘Los 27’, con personal del DCR y con representación de esta institución carcelaria, ubicada en Las Cucharas, en Ponce, y que, para ese momento, contaba con 539 reclusos.

Irving Torres Meléndez, de 36 años de edad y quien estaba sumariado, pidió al Senador del Distrito de Guayama que el gobierno le prestara mucho más atención al proceso de traslado a otras instituciones, pues lo consideraba muy lento y sumamente burocrático. Del mismo modo, trajo a colación el hecho de que en la instalación ponceña no había servicio alguno que ayudara a la población a rehabilitarse y a acumular bonificaciones. Es resumen, hablaba de escuela, talleres de manualidades, ajuste institucional, terapias y actividades deportivas, entre muchos otros.

“Aquí no hay ni siquiera servicios de psicólogos o de psiquiatras que escuchen a algún preso en algún momento de gran necesidad”, manifestó en aquella ocasión el portavoz de ‘Los 27’, quien subrayó que “la salud mental, al igual que la física, juega un papel muy importante en la vida de la población que represento”.

Por su parte, Chester Edwin Bernard, de 22 años y quien se encontraba en custodia máxima, hizo hincapié en la importancia de lo antes mencionado, pues allí se habían registrado unos siete suicidios en un periodo de tiempo muy corto.

“Estoy convencido de que el reclamo inicial que hizo la población correccional ante el Tribunal Federal, hace muchos años, aún se mantiene vivo en cada una de las instituciones penales que yo visito regularmente. La realidad es que los servicios de salud que recibe la población puertorriqueña que se encuentra en la libre comunidad, están muy lejos y distantes de los que recibe la población correccional en Puerto Rico. Y, esto no puede ser”, puntualizó.

El médico y salubrista sostuvo que los confinados le señalan que los servicios de salud son pésimos y que tampoco tienen recreación.“Desde hace un año y cinco meses que llevo como legislador, el reclamo es el mismo en Las Cucharas, en Ponce”.

Acusó que cuando habla del asunto con el secretario del DCR “siempre tiene la misma excusa” sin ser más específico. “Nuestros confinados merecen ya unos mejores servicios de salud, de educación y de rehabilitación verdadera. Aquí hay un problema bien serio, de entrada de drogas a las instituciones, que, afortunadamente, ha disminuido con esta administración. Yo estoy convencido de que el DCR no rehabilita. No es decir que creemos en la rehabilitación, es que se nos note”.