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El Departamento de Salud no ha otorgado la licencia permanente al Centro porque, entre otras cosas, no tiene dispensarios de jabón y papel, a pesar de contar con ahorros que alcanzan los $4.3 millones.

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EL CAPITOLIO - A pesar de una inversión millonaria y estar listo para comenzar a recibir pacientes, el Centro Comprensivo de Cáncer de la Universidad de Puerto Rico (Centro) no ha abierto sus puertas desde su inauguración en noviembre de 2016 porque “hay intereses personales involucrados y eso ha hecho que las decisiones que se tienen que tomar para que podamos abrir sean entorpecidas por varias entidades”, según lo reveló la propia administradora del Centro, Lisandro Vélez.

A esto, el subdirector ejecutivo del hospital, Dr. Robert Hunter, añadió que existen problemas de presupuesto, la Junta de Directores y “todo el mundo dando opiniones”. Las expresiones de ambos funcionarios surgieron durante una visita que hiciera a las instalaciones el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, acompañado de los senadores Eric Correa Rivera, Ángel Martínez Santiago y Carlos Rodríguez Mateo.

“Quiero respuestas y no pueden venir con evasivas. Allí no hay mordazas, tienen que hablar”, comentó el presidente del Alto Cuerpo cuando anunció que el miércoles, 2 de mayo se realizará una vista pública a las 10:00 a.m. en el salón Leopoldo Figueroa, a la cual citó al secretario del Departamento de Salud, Rafael Rodríguez Mercado; a la directora de la Administración de Seguros (ASES), Angie Ávila; y al personal del Centro Comprensivo de Cáncer para que expliquen por qué el hospital no ha abierto luego de su inauguración oficial en el 2016.

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Durante la visita de los senadores trascendió además que la licencia especial que se le otorgó al Centro vence el próximo 30 de junio y, a la fecha, Salud no les ha otorgado la licencia permanente, por entre otras cosas, no tener dispensarios de jabón y papel. Asimismo, la Junta de Directores no ha autorizado el desembolso de $4.3 millones que son producto de ahorros del propio hospital.

De otra parte, la Oficina de la Contralora rindió un informe de una investigación sobre el Centro realizada durante los años 2004-2011 que reveló serias desviaciones de ley y de reglamentación, incluyendo desviaciones de fondos públicos, entre otros hallazgos. Así también, el Senado recibió información que las finanzas del Centro continúan viéndose afectadas a causa de jugosos salarios a los altos ejecutivos, compras sin utilidad y a precios “exorbitantes”. Asimismo, aparente presión a los funcionarios en la otorgación de subastas y en el pago de facturas a contratistas cuya reconciliación no concuerda con los números del Centro. Otras de las denuncias realizadas son la falta de auditorías internas y externas, entre otras que han sido presentadas a la Cámara Alta.

Los senadores Correa Rivera y Martínez Santiago expresaron en una medida presentada por ambos -Resolución del Senado 700- el 10 de abril de 2018 que el Senado “no puede quedarse callado ante semejantes alegaciones. En la actualidad el cáncer continúa siendo una de las principales causas de muerte en Puerto Rico y necesitamos que el tratamiento de cáncer sea una prioridad de salud, ya que se le brinda a un número mayor de personas en comparación con cualquier otra condición o enfermedad. Mientras el Centro permanezca cerrado son miles los puertorriqueños que no reciben el tratamiento necesario para combatir esta horrible enfermedad”.