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Las personas con impedimentos tienen que tener disponibles servicios sanitarios apropiados para atender así sus necesidades biológicas en todos los lugares públicos de Puerto Rico.

Senador Carlos Rodriguez Mateo

EL CAPITOLIO – Un proyecto que busca establecer de manera precisa el derecho de las personas con impedimentos a disponer de servicios sanitarios apropiados en todos los lugares públicos fue aprobado anoche en el Alto Cuerpo, para satisfacción del senador por el Distrito de Guayama, Carlos Rodríguez Mateo, autor de la medida.

“Ahora hay que añadirle un inciso (ff) al Artículo 4 de la Ley Número 238-2004, según enmendada, mejor conocida como ‘La Carta de los Derechos de las Personas con Impedimentos’, a fin de establecer, de manera clara y precisa, el derecho de las personas con impedimentos a tener disponibles servicios sanitarios apropiados para atender sus necesidades biológicas en todos los lugares públicos de Puerto Rico”, reaccionó el legislador.

La medida, referida a la Comisión de Bienestar Social y Asuntos de Familia de la senadora Nayda Venegas Brown, deja muy claro que la dignidad del ser humano es inviolable y que todo ser humano es igual ante la ley.

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“A pesar de las buenas intenciones y de los propósitos loables que están enmarcados en la Ley Número 238-2004, así como de la labor llevada a cabo por la Defensoría de las Personas con Impedimentos, todavía no se han eliminado muchas de las barreras que estas personas tienen que enfrentar a diario”, señaló Rodríguez Mateo. Entre estas barreras, el senador apuntó a la carencia de instalaciones sanitarias apropiadas en los lugares públicos, lo que dificulta la total inclusión de estas personas con el resto de la sociedad.

“Según los datos del Censo de 2010, una cantidad significativa de la sociedad puertorriqueña, tiene uno o más impedimentos. Más de 900 mil personas, mayores de cinco años de edad, sufren algún tipo de discapacidad. Surge de lo anterior el hecho de que más de una cuarta parte de la población general, necesita atención especial para alcanzar la calidad de vida plena y el desarrollo total de sus capacidades”, agregó de inmediato.

Esta medida pasa ahora ante la consideración de la firma del gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló.