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Aseguran que potenciales enmiendas al P. del S. 310 pudieran ser un retroceso a las reformas que este Gobierno presentó para poner en movimiento la economía.

estudio impacto economico ACDET

SAN JUAN, Puerto Rico - Portavoces de la Asociación de Comercio al Detal de Puerto Rico (ACDET) advirtieron hoy que, con la aprobación del P. Del S. 310 sin la derogación del estudio de impacto económico que la pasada administración aprobó bajo el liderato Cameral de (Jaime) Perelló, se eliminaría la apertura de nuevos establecimientos detallistas en la Isla, incluidas tiendas por departamento independientes o de cadenas así como almacenes, e impediría al propio empresario local crecer, lo cual perjudicaría seriamente la nueva inversión en la Isla, la generación de empleos, la industria de la construcción y la actividad comercial tan esencial para el desarrollo económico.

"No es momento para que la legislatura perpetúe medidas que fueron aprobadas por la pasada administración con una agenda de discrimen y persecución comercial, que lesionaron la capacidad competitiva de Puerto Rico y su habilidad de estimular el crecimiento económico. En los pasados 4 años sobre 115 tiendas de cadenas cerraron operaciones en Puerto Rico, lo que redundó en la perdida de sobre 5,000 empleos directos y más de 18,000 indirectos”, señaló Lymaris Otero, directora ejecutiva de ACDET. “En adición a que empresarios locales que quisieron adquirir locales disponibles de más de 15,000 pies cuadrados quedaron impedidos de hacerlo. Aquí no se trata de proteger un sector, se trata de que estamos afectando seriamente los grandes y los pequeños si viciamos una Reforma de Permisos que se gestó con un espíritu de agilizar y hacer más efectivos los procesos de construcción e inversión de negocios en la Isla, los cuales ya son muy engorrosos. Es por ello que en nuestra asociación apoyamos el Proyecto del Senado y de la Cámara tal y como fue presentado inicialmente.”

Nisandra Yellow 2Y es que el consabido proyecto de Reforma de Permisos, según presentado, contempla la derogación del Artículo 2.8A de la Ley 161-2009, según enmendada, que tiene como consecuencia la eliminación de estudios e investigaciones inconsecuentes y onerosos, dirigidos exclusiva y discriminatoriamente para todo desarrollo de establecimientos comerciales de venta al detal y/o al por mayor de 65,000 pies cuadrados o más de área de venta y almacén, y a los establecimientos dedicados a las ventas al detal de mercancía mixta de 15,000 pies cuadrados o más de área de venta y almacén.

“Esta disposición, que crea un requisito de un estudio de impacto económico regional, estaba diseñada específicamente para atentar contra la libre competencia; siempre fue la intención manifiesta de los proponentes de esa legislación el precisamente afectar el crecimiento de las tiendas de cadenas existentes y evitar el establecimiento de nuevas. Disposición que terminó afectando a cadenas locales y nacionales. Esta disposición, si permanece vigente, hace más difícil que el comerciante mediano y pequeña crezca, penaliza el crecimiento comercial, precisamente lo que Puerto Rico necesita en este momento histórico”, señalo el doctor en economía Antonio Rosado.

Ante la alerta de que la Reforma de Permisos pudiera cambiar para no derogar el estudio de impacto económico para sólo algunos negocios, no se hizo esperar la reacción de comerciantes, incluso comerciantes locales. “No es responsable aprobar una reforma que por un lado pretenda flexibilizar y agilizar procesos para incentivar inversión nueva y expansiones y que por otro lado mantenga cláusulas de legislaciones anteriores que, lejos de propiciar el desarrollo económico, su efecto será detener nuevas inversiones en la Isla, incluso de comercios locales en expansión", expresó Irma Pérez, oficial financiera de Grupo Novus. “En el caso de Grupo Novus, tenemos un ejemplo a la medida de lo detrimental que resultan estas cláusulas para el comerciante local ya que esta empresa puertorriqueña se encuentra en un proceso de expansión actualmente en República Dominicana y la Florida, y se verían impactados si tuvieran la necesidad de construir nuevos almacenes o centros de distribución en Puerto Rico.”

Además Pérez añadió que “por décadas, el sector privado ha estado reclamando la necesidad de que el Gobierno sea un facilitador del desarrollo económico. En cambio, hemos sido testigos y víctimas de un sinnúmero de regulaciones, barreras e impedimentos creados por legislación que, aunque en muchas ocasiones provienen de loables intenciones, no responde a la ágil y acelerada realidad del mundo comercial. Hemos visto cómo intentos de atender este problema de raíz se han tornado inoficiosos, por el interés de proteger por la vía legislativa a unos sectores por encima de otros. Estamos confiados que el Gobierno se mueva en la dirección correcta en esta sesión legislativa”.

“La Reforma de Permisos contiene disposiciones que confiamos serán muy favorables como la incorporación del concepto de Empresas Startup, reconociendo la realidad de las empresas incipientes, que depende más del uso de la tecnología móvil que del modelo de negocios que tradicionalmente conocemos, la ampliación de facultades de los Profesionales Autorizados, propendiendo así a la agilidad del sistema, el Sistema Unificado de Información y de Permisos entre otras; no obstante sin la derogación del estudio de impacto económico, no sería una reforma efectiva e integral”, añadió Otero, ejecutiva de ADCET.

El sector de comercio al detal en la Isla es actualmente uno de los que más contribuye a la economía del país por la cantidad los más de 200,000 empleos que genera, el pago de contribuciones y patentes, recaudos del IVU y compras a suplidores locales, entre otros factores y la industria de construcción, la cual era uno de nuestros principales motores. Si no se deroga esta disposición en la propuesta Reforma de Permisos, se le dará una estocada fatal a la ya maltrecha industria de la construcción y actividad económica de comercio al detal al fallar nuevamente a la confianza de los inversionistas que han comenzado a mirar a Puerto Rico nuevamente, y se restringe el crecimiento de los locales y se desincentiva que empresas locales continúen creciendo para evitar más costos y burocracia para los que alcancen el éxito, por legislación. A ningún otro sector de la economía en Puerto Rico se le requiere estudios y disposiciones como éstas, evidentemente caprichosas”, concluyó Rosado.