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La mayoría de las personas que han tenido acceso al incentivo son de la clase media alta, ya que los costos de adquisición de tecnología de energía renovable son altos.

Senadora Zoe Laboy

Senadora Zoé Laboy Alvardo, presidenta de la Comisión de Revitalización Social y Económica de Puerto Rico.

EL CAPITOLIO - El designado director ejecutivo de la Oficina Estatal de Política Pública Energética (OEPPE), Francisco J. Rullán Caparrós, anunció ayer en vista pública del Senado que está evaluando “posibles recomendaciones” para que personas de escasos recursos y de edad avanzada, así como las pequeñas y medianas empresas (PYMES), puedan acceder a los incentivos económicos que se ofrecen a través del Fondo de Energía Verde. Sin embargo, desde la creación del Fondo en el 2013, quienes mayormente se han visto beneficiados son integrantes de la clase alta del país, aunque reconoció que, debido a la crisis económica que enfrenta la Isla, la cantidad de personas adineradas ha disminuido.

“Desde su creación, el Fondo de Energía Verde ha otorgado incentivos económicos a más de 1,400 familias y negocios. Desde entonces se han invertido aproximadamente $56.3 millones en incentivos para uso doméstico y comercial. La Ley 83, supra, establece un crecimiento para el fondo, del cual en este próximo presupuesto, se proyecta un aumento en el mismo a $20 millones”, dijo Rullán Caparrós, al tiempo que aclaró que sería aplicable a los casos residenciales y comerciales. Su oficina, que actualmente cuenta con 12 personas y maneja un presupuesto de $765 mil, puede otorgar a nivel residencial incentivos de hasta un 30 por ciento, mientras que a las PYMES hasta un 40 por ciento.

“Nuestro análisis de los casos aprobados para el Fondo de Energía señala que la mayoría de las personas que han tenido acceso al incentivo de clase media alta, ya que los costos de adquisición de tecnología de energía renovable son altos. De igual forma, hemos identificado el problema del acceso al fondo de las pequeñas y medianas empresas. La OEPPE se encuentra evaluando posibles recomendaciones sobre cambios a la Reglamentación y/o a la Ley existente, a los efectos de buscar alternativas que puedan hacer accesible dicho incentivo a personas de escasos recursos y a personas de edad avanzada. También, se ha evaluado posibles cambios a la reglamentación y otras normas para mejorar el acceso a los incentivos por parte de las pequeñas y medianas empresas”, comentó el designado director de la oficina al expresar que realizará una campaña educativa sobre la energía renovable y consume energético.

BA Villa CoopLas expresiones se suscitaron durante una vista pública de la Comisión de Revitalización Social y Económica de Puerto Rico que preside la senadora Zoé Laboy Alvarado. Durante la audiencia el tema principal fue la Resolución del Senado 25, de la autoría del senador Carmelo Ríos Santiago, que propone realizar un inventario de los decretos contributivos otorgados en la Isla y que se encuentran vigentes bajo las leyes de incentivos contributivos de 1998 y 2008. También los aplicables mediante Ley de Incentivos de Energía Verde de Puerto Rico de 2010 así como la Ley para Fomentar la Exportación de Servicios y la Ley Para Incentivar el Traslado de Individuos Inversionistas a Puerto Rico de 2012.

“Mientras más dinero pueda invertir en los sistemas de energía renovable menos combustible tenemos que comprar”, advirtió el director designado de OEPPE, al indicar que se podría triplicar la cantidad de familias y negocios que se pueden beneficiar de estos incentivos.

La presidenta de la Comisión destacó que la iniciativa presentada por OEPPE “es excelente porque Puerto Rico necesita moverse a la energía renovable y todos lo sabemos. Es bien importante que busquemos alternativas para que de aquí a un tiempo podamos vernos y se nos diga que mucha más gente de edad avanzada, de escasos recursos o comercios pequeños pueda acceder a estos incentivos. Queremos ayudar a la gente que más necesita allá afuera”.

Entre los requisitos que los individuos residenciales y comercios deben cumplir para poder aplicar a este fondo están el ser dueño(a) de la propiedad, tener cierta cantidad de ingresos, no tener deudas con el Gobierno, entre otros documentos que deben entregar. Sin embargo, Rullán Caparrós aclaró que el sistema de energía que se instala es uno acorde al consumo por lo que no se vende energía a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) porque “esto es una sustentación en el cual yo consumo lo que produzco...Hemos tenido clientes que la han pagado a la AEE $3 mensuales”.

Por su parte, el director ejecutivo del Instituto de Estadísticas (IE), Mario Marazzi Santiago comentó que bajo la Ley 187 de 2015 que rige la creación, operación y administración del Portal Interagencial de Validación para la Concesión de Incentivos para el Desarrollo Económico de Puerto Rico (www.pivcide.pr) se pretende hacer público la actividad económica de 37 incentivos económicos que datan desde el 1945 hasta el presente. En estos incentivos está incluida la recién aprobada ley que promueve la retención y retorno de profesionales médicos.

“El portal no tiene los datos todavía. Precisamente este mes iniciamos una fase intensa para recopilar datos de las agencias. Para este verano podremos poder tener un portal público que muestre la actividad económica por cada incentivo. Hay que evaluar cada incentivo para ver cuales hacen sentido y cuáles no. “Este portal ayuda a las agencias a comunicarse entre sí”, comentó Marazzi cuya agencia emitió una carta circular a todas las agencias certificantes, otorgantes y autorizadas anunciando la vigencia de un reglamento a esos fines. Asimismo, recalcó la necesidad de establecer un Código de Incentivos y comentó que se podría incluir información sobre el impacto en los recaudos.

Ante esto la senadora Padilla Alvelo comentó que “no podemos dar palos a ciegas. Tiene que haber una información real. Hay incentivos que posiblemente están ahí y nadie los está recibiendo”.

En la Exposición de Motivos de la pieza legislativa, el senador Ríos Santiago detalla que ante la ausencia de un registro único de incentivos contributivos resulta “imperativo identificar, clasificar y medir el rendimiento de los mismos en la economía local, en comparación con su impacto fiscal en las arcas del Gobierno”.

Mientras el Departamento de Hacienda no tiene objeción con los propósitos de la Resolución del Senado 25, la Comisión le otorgó 25 días al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), para que pueda emitir una opinión al respecto, según fuera solicitado por la agencia. La Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) no compareció a la vista pública.